Colombia mantiene la persecución policial contra legítimos reclamantes de tierras

Colombia mantiene la persecución policial contra legítimos reclamantes de tierras

Tierras

Fotografía: Acto de entrega material de tierras en la vereda Guacamayas (Turbo) mayo 15 de 2019.

La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, aprobada por el expresidente de Colombia y premio Nobel de Paz, Juan Manuel Santos Calderón y cuyo objetivo es atender a más de 8 millones de víctimas del conflicto armado, apenas ha avanzado desde que fue firmada en 2011

 

Paralelamente, el poco avance en la restitución de tierras ha venido acompañado de todo tipo de ataques contra las familias campesinas que buscan recuperarlas. Las agresiones van desde amenazas y  asesinatos de sus líderes, a la persecución judicial, como la ocurrida recientemente contra 9 reclamantes de tierra.

Los hechos pasaron el pasado 26 de noviembre cuando la Fiscalía General de la Nación capturó a Víctor Manuel Correa, Fredy Correa Cuadrado, Saulo David Úsuga, Omar Quintana Suárez, Julio César Correa, Rosember Ibáñez, Freddy Correa, Tito David Gómez y Sandra Medrano, en su mayoría integrantes de la Asociación Tierra y Paz. Según la Fiscalía estas personas invadieron una finca en la que agredieron al capataz.

Recientemente una delegación de España, entre las que se encontraba la Red de ONGD de Madrid, Mundubat, el PSOE-Madrid, Casa de Colombia y Asamblea de Cooperación por la Paz, visitó a los capturados en la cárcel de Apartadó (Urabá), pudiendo comprobar el delicado estado de salud de algunos de ellos.

Esta visita se realizó en el marco de la misión de retorno de Carlos Páez, miembro de Tierra y Paz, participante del Programa de Acogida “Madrid Protege”, financiado por el Ayuntamiento de Madrid, gestionado por Mundubat, con la colaboración de la Red de ONGD de Madrid y en el que ACPP ha actuado como entidad de acogida.

Desde la Red de ONGD de Madrid mostramos toda nuestra solidaridad a los detenidos en la operación policial y reafirmamos nuestras demandas al gobierno de Colombia para que se haga efectivo el desarrollo completo de la Ley que garantiza la devolución de sus tierras.

Contexto

Desde el 2013, alrededor de 200 familias cansadas de esperar a que el Estado les devolviera las tierras que perdieron con motivo del conflicto, decidieron retornar sin acompañamiento institucional al territorio que comprende el Consejo Comunitario de la Larga Tumaradó, que representa alrededor de cien mil hectáreas.

Ante este retorno masivo, un Juez emite una orden para protegerlas, decretando dos fundamentales:

(1) el reconocimiento de “retornados sin acompañamiento institucional” y no invasores

(2) la solicitud a las autoridades competentes de garantía de la vida de estas personas.

Ello no ha evitado que las familias que viven en ese territorio hayan recibido múltiples ataques por parte de los opositores a la restitución de tierras, que están documentados por la Defensoría del Pueblo desde hace más de cinco años.

Desde 2008, 22 personas han sido asesinadas por reclamar tierras en la región, siendo el último de ellos el caso de Porfirio Jaramillo en enero del 2017. Igualmente, la Defensoría ha solicitado protección para la población campesina afectada, encontrándose entre ésta varias de las personas recientemente capturadas.

 

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