El próximo 21 de enero la campaña No al TTIP ha convocado junto a otras organizaciones sociales y políticas europeas un Día de Acción Global para demandar al Parlamento Europeo que vote “no” al acuerdo comercial y de inversiones entre la UE y Canadá, el CETA.
La Red de ONGD de Madrid apoya las movilizaciones convocadas y anima a participar en la marcha de Atocha a Sol de este sábado.
Está previsto que el próximo 14 de febrero el pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo vote la ratificación del CETA. Por tal motivo, la sociedad civil, sindicatos, agricultores y activistas de organizaciones ciudadanas, culturales y políticas de toda Europa, también del todo el Estado español, saldrán a la calle el próximo sábado 21 de enero con el objetivo de frenar este tratado económico y comercial entre la UE y Canadá, también conocido como el “TTIP canadiense”.
La campaña No al TTIP ha expuesto a las europarlamentarias/os españolas/es que el texto del CETA y la “declaración interpretativa” que la acompaña incluye aspectos preocupantes, tales como:
• El CETA supone la aceptación de que las empresas multinacionales puedan demandar a los gobiernos por adoptar medidas legítimas y no discriminatorias para la protección de la población y del planeta. Este acuerdo consagra un sistema judicial paralelo y unidireccional al que los inversores extranjeros pueden acudir para defender sus intereses eludiendo el sistema jurídico existente.
• En el texto de este acuerdo el desarrollo de los derechos laborales y el desarrollo sostenible son voluntarios y no legalmente vinculantes, por lo que no pueden ser efectivamente reforzadas mediante sanciones.
• El CETA limita seriamente la capacidad de los gobiernos para crear, expandir y regular los servicios públicos y para revertir liberalizaciones y privatizaciones fracasadas.
• El CETA hace que Canadá y la UE sean más vulnerables a las crisis financieras puesto que se producirá una mayor liberalización de los mercados financieros.
• Un estudio independiente de los impactos económicos del CETA predice que se perderán puestos de trabajo tanto en la UE como en Canadá.
• El CETA podría aumentar el coste de las prescripciones de medicamentos e impactaría negativamente en derechos fundamentales como el derecho a la privacidad y a la protección de datos. También limitaría la capacidad tanto de la UE como de Canadá de actuar contra patentes excesivas.
• Las cláusulas del CETA en cuanto a cooperación reguladora y a la capacidad normativa de los estados pondrían obstáculos adicionales a las regulaciones, reforzando el papel de los lobbies en los procesos democráticos y socavando potencialmente la adopción de políticas de interés público.
• Tanto en Canadá como en la UE, el CETA expondría a agricultoras y agricultores a más presión debido a la competitividad comercial, lo que supondría una debilitación de este sector. Asimismo supondría un mayor impedimento para las políticas de compra pública de promoción de productos de cercanía y amenazaría los estándares de producción y procesamiento de alimentos, haciendo imposible el desarrollo de una agricultura sostenible.
• El CETA pone en grave riesgo el principio de precaución consagrado en el Tratado de la UE, principio que protege a consumidores, salud pública y medio ambiente.
Convocatorias en el Estado español:
http://www.noalttip.