Las empresas tienen muchas formas de contribuir al desarrollo de las sociedades en las que operan. Una de ellas, fundamental, es reconociendo los impuestos que pagan como una medida de esta contribución social. Evidentemente, no se trata de que paguen lo máximo que puedan en impuestos, sino que no busquen artificios o estratagemas para minimizar lo que pagan, con los paraísos fiscales como piezas claves para llevar a cabo estas prácticas.
Y es que cuando una empresa desvía beneficios hacia paraísos fiscales, lo hace buscando pagar lo menos posible en impuestos, en detrimento de lo que debería pagar allí donde lleva a cabo su actividad económica. Lamentablemente, la mayoría de estas prácticas no son ilegales, ya que se aprovechan de disfunciones y ambigüedades en los sistemas fiscales y en la libertad de circulación de que disfrutan los capitales a nivel global.
Estas prácticas causan un grave perjuicio a todos los países, ya que les merma su capacidad recaudatoria. Y eso provoca que cuenten con menos recursos para poder financiar políticas sociales que traten de corregir las desigualdades y aliviar a las personas en situación de vulnerabilidad.
Las posibles soluciones a este problema pueden venir desde varios frentes. La acción política internacional, a nivel OCDE o UE, tiene que establecer medidas para acabar con los paraísos fiscales y sancionar a quienes hacen uso de ellos. Sin embargo, los pasos que se están dando en esta dirección son todavía muy lentos y aún tenemos que comprobar que hay una voluntad decidida de resolver este problema.
Por otro lado, las empresas de forma voluntaria pueden apostar por ser fiscalmente responsables. En cambio, vemos que en España las principales empresas, las del Ibex-35 como muestra representativa, tienen presencia en paraísos fiscales (en 2014 todas las empresas del Ibex tenían filiales en paraísos fiscales, con una total de 891, un 10% más que el año anterior), lo que denota que este compromiso voluntario aún está lejos de ser real.
A pesar de ello, las empresas pueden encontrar un incentivo potente para desistir de operar con paraísos fiscales si ven que eso les resta oportunidades de negocio. Y las administraciones públicas, a través de sus concursos de contratación, son un cliente muy importante que podría exigirles cambios en esta dirección. Efectivamente, la contratación pública mueve una nada desdeñable proporción de actividad económica, en torno al 20% del PIB en España. Así que si las administraciones incluyen criterios en sus políticas de contratación para penalizar a aquellas empresas con presencia en paraísos fiscales, estas empresas tendrán que decidir qué les compensa más.
Por ello, el 25 de octubre Oxfam Intermón lanza la campaña Zonas Libres de Paraísos Fiscales que promueve que los ayuntamientos, incluyan en sus reglamentos de contratación clausulas para que las empresas con presencia en paraísos fiscales con fines de elusión fiscal tengan más difícil beneficiarse de contratos públicos. Hasta el momento, 25 ayuntamientos de todo el Estado se han comprometido con esta causa. Entre ellos destacan Barcelona, Sevilla, Málaga y Zaragoza pero hay bastantes más, e incluso Comunidades Autónomas, como Cataluña, Aragón, Navarra y Castilla La Mancha. Se pueden consultar los territorios, ya sean ayuntamientos o Comunidades Autónomas, que se han declarado Libres de Paraísos Fiscales, así como toda la información de la iniciativa en la web www.zonaslibresdeparaisosfiscales.org.
Por eso, invitamos a que más ayuntamientos, y más administraciones públicas, se sumen a esta iniciativa y demuestren que desde el nivel local se pueden plantear medidas para luchar contra grandes desafíos globales, como son los paraísos fiscales. Y es que una contratación pública libre de paraísos fiscales es una contratación pública comprometida con las personas y la lucha contra las desigualdades.
Miguel Alba Ruiz-Morales, Oxfam-Intermón.