En los dos últimos años y con la excusa de la crisis, estamos asistiendo a un debilitamiento progresivo de las políticas públicas de solidaridad que las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos realizan desde la década de los 90. Bajo la consigna de “cumplir con la normativa en materia de estabilidad presupuestaria y déficit público”, se están realizando recortes sociales que afectan directamente a las personas más vulnerables. Desde que se celebraron las elecciones autonómicas en mayo, esta situación está tomando dimensiones preocupantes, que nos llevan a alertar sobre peligro de desmantelamiento de este tipo de políticas.
Históricamente la lucha contra la pobreza ha sido un objetivo compartido por la ciudadanía y gobiernos que ha dado buenos resultados gracias al diálogo y al trabajo conjunto. El compromiso de las ONGD en este sentido es indudable y confiamos en que todas las fuerzas políticas mantengan de manera unitaria la defensa de la cooperación descentralizada. En una situación compleja como la que vivimos, esa fortaleza común debe mantenerse de manera firme; sólo así podremos alcanzar soluciones conjuntas que sean lo más acertadas posibles y eviten lo que está ocurriendo.
La reducción de los fondos para cooperación llevada a cabo representa una media del 0,2% de los presupuestos autonómicos, una cantidad insignificante que poco contribuye a tapar los agujeros en las administraciones y que, sin embargo, pone en grave peligro la realización de proyectos de salud, educación o alimentación en países empobrecidos y de iniciativas que fomentan la sensibilización de una ciudadanía comprometida con la justicia internacional y la defensa de los derechos humanos.
Entre los hechos más recientes, a finales de mayo, con la excusa del déficit Catalunya anunció un recorte del 55% de los fondos destinados a cooperación para 2011, pasando de 49 millones de euros en 2010 a 22, en 2011. Resulta cuanto menos llamativo que de manera paralela se disminuya el impuesto de sucesiones dejando de ingresar una importante cantidad de dinero imprescindible en un momento de crisis. Por su parte, La Xunta de Galicia recortó en un solo día 2,2 millones de euros, es decir, el 45% de la ayuda destinada a desarrollo y eliminó las subvenciones a proyectos de acción humanitaria y de emergencia.
Denunciamos, además, “otras nuevas formas de recortes” que ponen en peligro el sistema de cooperación descentralizada: desde retrasos de hasta dos daños en pagos de subvenciones ya concedidas, a la negativa de abonar segundos plazos de proyectos aprobados. Se ha llegado, incluso a requerir la devolución de fondos ya concedidos. Este tipo de prácticas tienen consecuencias muy graves para miles de personas porque se traducen en la paralización de proyectos de desarrollo y también en la suspensión de acciones que fomentan una ciudadanía crítica y comprometida en nuestros pueblos y ciudades.
Alertamos también sobre el debilitamiento que están sufriendo las estructuras de algunas Administraciones Públicas Autonómicas: la supresión de Consejerías y Direcciones Generales responsables de la cooperación descentralizada es una pieza más del grave y alarmante retroceso al que estamos asistiendo.
La crisis no puede ser una excusa y no puede serlo por varias razones. En primer lugar, por el impacto que estos recortes tienen sobre las personas más vulnerables del planeta que están sufriendo directamente las graves consecuencias de la crisis sin haberla generado; hablamos de acceso al agua, salud, educación, alimentación… derechos humanos básicos que están en peligro. En segundo lugar, supone un retroceso enorme en la política de cooperación española, -que no lo olvidemos, debería ser una política de Estado-, poniendo en peligro todo lo conseguido en los últimos años gracias a la labor de los actores de la cooperación y el apoyo ciudadano.
La clase política no debería olvidar que la ciudadanía, a pesar de la crisis, continúa apoyando la ayuda al desarrollo y que muchas de las reivindicaciones sociales de carácter global e internacional que estamos escuchando en estos días en nuestras calles y plazas, son demandas que las ONGD venimos reclamando hace mucho tiempo.
Reivindicamos la obligación política de garantizar la solidaridad entre los pueblos a través de la cooperación descentralizada porque esta no es más que la manifestación del compromiso de una ciudadanía global comprometida. Este tipo de cooperación garantiza la participación desde abajo hasta arriba, de un lado al otro, de personas e instituciones del Sur y del Norte que trabajan mano a mano por un mundo justo. En una realidad interconectada como la actual no entender que esta es una forma esencial de trabajar supone tener miras muy cortas y alejarse de las políticas de cooperación internacionales construidas y comprometidas durante muchos años.
Las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos tienen en su mano la posibilidad de continuar apostando por las políticas de solidaridad y no dejar en el camino todo lo que tanto cualitativa como cuantitativamente hemos avanzado en las últimas décadas. Confiamos en que sean capaces de ello.
Este comunicado está firmado por la Coordinadora de ONG para el Desarrollo-España y las 17 Coordinadoras Autónomicas de ONGD.