En los últimos meses han adquirido protagonismo en las redes sociales, aunque no en los medios convencionales, las siglas TTIP y CETA, que hacen referencia al Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones (Transatlantic Trade and Investment Partnership- TTIP y al Tratado Unión Europea con Canadá (Comprehensive Economic and Trade Agreement – CETA).
Se trata de dos acuerdos que se están negociando entre la Comisión Europea y los gobiernos de EEUU (TTIP) y Canadá (CETA) con la idea de crear la mayor zona de libre comercio del planeta. ¿El objetivo? Facilitar la inversión directa y la eliminación de obstáculos burocráticos para el acceso al mercado de las empresas, lo cual, de acuerdo a la teoría económica dominante, supondrá más comercio, crecimiento económico a ambos lados del charco y un aumento de puestos de trabajo. La realidad es que si revisamos experiencias previas, los tratados de libre comercio sí pueden generar beneficios económicos, pero no para la población, sino para las grandes corporaciones. En esta ocasión, se prevé que los resultados sean los mismos. Prueba de ello es la elevada involucración de las transnacionales como “partes interesadas” en las reuniones de negociación.
Cuando en estos Tratados se habla de obstáculos burocráticos se está haciendo referencia a barreras no arancelarias como las normativas y reglamentaciones sociales, ambientales y laborales de cada zona, que en lugar de considerarse como formas para respetar los derechos de la ciudadanía se consideran como costes y trabas para las empresas. ¿Solución para superar los “obstáculos”? La armonización de las normativas, siendo la manera más fácil la de elegir las menos restrictivas, normalizando a la baja. Hay que tener en cuenta por ejemplo que en materia laboral, EEUU solo ha ratificado dos de las ocho principales convenciones de la OIT, Europa las ocho. ¿Qué pasará con la libertad sindical y la negociación colectiva? Las normativas en materia de alimentación y medioambiente son más laxas en EEUU, ¿nuestros alimentos pasarán a contener elementos prohibidos hasta ahora? ¿se extenderá la práctica del fracking?, ¿qué pasará con la libertad digital?, ¿con los derechos de propiedad intelectual?, ¿y con los servicios públicos?
Otro de los puntos más preocupantes en el capítulo de protección de inversiones es la inclusión del denominado mecanismo de solución de diferencias entre Estado e Inversor (ISDS, por sus siglas en inglés); cuando los inversores consideren que alguna decisión realizada por los Estados, incluso con el objetivo último de proteger a la ciudadanía, puede tener impactos negativos en sus ganancias presentes o futuras, podrán realizar una demanda a través de tribunales de arbitraje internacional, en los que no se tienen en cuenta las leyes nacionales, socavando así la soberanía democrática de los pueblos.
Aunque seguramente uno de los aspectos más inquietante sea que las negociaciones se estén haciendo a puerta cerrada, sin consultas públicas efectivas; es más los escasos fragmentos de información que han sido publicados -o filtrados han generado considerable inquietud que ha llevado a la sociedad civil de ambos lados del Atlántico a organizar campañas contra los tratados a nivel internacional, ante el miedo de que generen más pobreza y desigualdad no sólo en Europa y EEUU sino a escala global. Por eso es tan necesario pararlos y apostar por políticas que sigan luchando contra las desigualdades como hace la campaña recientemente lanzada por la FONGDCAM En Madrid, yo elijo solidaridad.
Para saber más sobre las implicaciones del TTIP y CETA.
@AnaEncinasD y Eba Armendáriz Echániz. Economistas sin Fronteras @EconomíaJusta