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El Tratado de la Carta de la Energía (TCE) es un inmenso obstáculo para lograr una acción rápida y eficaz frente a la crisis climática y ambiental. Este tratado poco conocido de la década de los 90, firmado por 53 países y la UE, otorga extensos derechos a las grandes corporaciones.
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La industria de los combustibles fósiles lo usa para demandar a gobiernos y sabotear la transición energética.
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Por el bien de un planeta habitable, el TCE debería disolverse.
El Tratado de la Carta de la Energía es un importante acuerdo de inversión para el sector energético de la década de los 90, firmado por 53 países de Europa, Asia Central y Japón, además de la UE en su conjunto. Este tratado protege las inversiones en el sector energético y otorga inmensos privilegios a las multinacionales e inversores extranjeros para demandar a los Estados cuando consideran que han legislado en contra de sus beneficios económicos, presentes o futuros. Lo hacen ante tribunales privados internacionales que funcionan al margen de los tribunales públicos nacionales.
Desde la campaña No a los Tratados de Libre Comercio e Inversión se ha elaborado una carta dirigida al Gobierno en la que se exige la salida del Estado español del TCE. La carta ha sido firmada por la Red de ONGD de Madrid y se entregará al Gobierno el próximo mes de julio en el marco de la segunda ronda de negociaciones para la modernización del TCE que tendrá lugar en Bruselas.
Si no reaccionamos, este tratado permitirá que empresas energéticas contaminantes sean rescatadas con dinero público y obstaculizará importantes medidas para impulsar las energías renovables, aumentar la eficiencia energética, atajar la pobreza energética, o remunicipalizar los sistemas energéticos. A pesar de la emergencia climática, las grandes empresas e inversores del sector de los combustibles fósiles ya están utilizando el TCE para sabotear la acción climática y la transición energética hacia un futuro libre de petróleo, carbón, gas y energía nuclear. Por ejemplo, la empresa energética Uniper ha reclamado 1 billón de euros a Holanda después de que anunciara el cierre de las centrales eléctricas de carbón en 2030, mientras que la empresa canadiense Vermilion amenazó con demandar a Francia en 2017 tras anunciar el fin de los permisos de explotación de hidrocarburos en 2040. Esto seguirá ocurriendo, cada vez más, a medida que los gobiernos pongan fin a infraestructuras contaminantes e introduzcan políticas encaminadas a lograr los objetivos del Acuerdo de París.
Hoy en día, el Estado español es el que más demandas acumula bajo el TCE, con un total de 47 demandas de las cuales 16 ya se han resuelto a favor de los inversores. Esto supone que España acumula una deuda de 1.046 millones de euros, una cifra equivalente a siete veces el presupuesto que España se ha comprometido a aportar al Fondo Verde Europeo para hacer frente a la emergencia climática. ¿Seremos testigos de más demandas bajo el TCE con la aprobación de la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética?
La organización Friends of the Earth Europe ha elaborado el informe: “El Tratado sobre la Carta de la Energía: Un golpe a la acción por el clima“, dirigido a activistas de movimientos climáticos, ecologistas, energéticos, ecofeministas, de transición ecosocial, y en general, a cualquier persona preocupada por la crisis climática y ambiental que acontece nuestros días, cuyo objetivo principal es revelar las consecuencias devastadoras que el Tratado de la Carta de la Energía (TCE) puede tener sobre la crisis climática.