Jaime Atienza, Director de Campañas y Ciudadaníade Oxfam Intermón
Según estimaciones de Oxfam, en el mundo se dejan de recaudar unos 120.000 millones de Euros, sólo por los fondos de grandes fortunas individuales escondidos en paraísos fiscales, lo cual supone el doble de lo que el Brookings Institute considera que se necesitaría para acabar con la pobreza extrema. Por otra parte se sabe que por la planificación fiscal agresiva de las grandes corporaciones, los países en desarrollo dejan de recaudar 160.00 millones de dólares anualmente (Christian Aid). A su vez en Europa el fraude junto la elusión fiscal (mecanismos de ingeniería financiera y fiscal para evitar la fiscalidad que a diferencia de la evasión de impuestos son legales) suponen una pérdida de ingresos cercana al billón de euros (Gestha).
En el 2010 los ciudadanos españoles pagaron el 11,5% de sus ingresos, mientras que las grandes empresas españolas aportaron en promedio el 9,9% de sus beneficios. En 2012 en España el 94% de las empresas del IBEX35 tenían presencia en paraísos fiscales por motivos no vinculados a su actividad principal. Al mismo tiempo, cada español ha tenido que pagar 1.910 Euros más en impuestos para compensar los impuestos que otros contribuyentes dejan de tributar debido al fraude y la evasión fiscal (una pérdida que ronda los 90.000 millones de Euros). La evasión y la elusión fiscal son hoy un grave problema cuya principal consecuencia es la creación de sociedades progresivamente más desiguales, al detraer recursos que podrían destinarse a garantizar los derechos de los ciudadanos y la cohesión social. ¿Qué las hace posible? ¿Cómo se podría cortar o evitar la evasión y elusión fiscal? Esta es la pregunta que se hacen los Gobiernos de la UE, del G8 o del G20… especialmente en sus últimas reuniones. Ante los intentos de cuantificación de esta realidad se es más consciente de la dimensión de este problema, en un momento en que las arcas de Estados como España, están faltas de ingresos para inversiones necesarias en el desarrollo del país.
El problema surge de diversos frentes: el primero, la elusión de las multinacionales y de las grandes fortunas individuales. En segundo término las opacidades del sistema financiero internacional y, por último, las prácticas fiscales perjudiciales de ciertas jurisdicciones En concreto las distintas dinámicas de los negocios en la globalización, y la definición de las reglas fiscales (de competencia nacional) han derivado en una situación en la que, por un lado, las jurisdicciones que favorecen el secreto bancario facilitan los flujos de capitales ilícitos (blanqueo, corrupción, evasión fiscal) y, por otro, las jurisdicciones que han optado por determinadas prácticas de subvención o reducción impositiva a no residentes o a determinadas rentas de residentes, permiten que se den situaciones de doble no imposición y/o planificación agresiva por parte de las corporaciones multinacionales que se traducen en que los ingresos de las arcas públicas son menores que el potencial fiscal de cada jurisdicción.
Por tanto, la solución debe venir por una doble vía: En primer lugar, el cambio en la forma de establecer la normativa fiscal: para recaudar lo adecuado de los negocios que traspasan las fronteras es necesario establecer una legislación que vaya más allá de estas; para evitar el blanqueo de dinero que proviene de la evasión fiscal se hace necesario que ninguna jurisdicción pueda aplicar el secreto bancario; para evitar la doble no imposición de rentas se hace necesaria la revisión de los incentivos fiscales de las distintas jurisdicciones. Pero además se hace también necesario el cambio de “comportamiento fiscal” de ciertas corporaciones multinacionales o de individuos con grandes fortunas, que con el objetivo de minimizar su contribución legal al fisco de los países donde desarrollan su actividad, llegan a tener una tasa efectiva que no está acorde con la actividad económica realizada en cada país. En los principales foros internacionales en que se reúnen los Ministros de Finanzas de la UE, del G8, del G20… y en el propio EEUU, se están concretando medidas que tiene como objetivo esta lucha contra la evasión y la elusión fiscal, cortando el blanqueo de dinero facilitado por las jurisdicciones con secreto bancario de flujos financieros, que además pueden proceder de actividades ilícitas o corrupción.
A nivel de la Unión Europea, el Consejo Europeo del 22 de mayo avanzó en estos temas poniendo fecha tope a Austria y Luxemburgo para que acepten el intercambio automático de información como el resto de países según la directiva sobre la fiscalidad del ahorro de diciembre de 2012; incluyendo también en la directiva sobre información de grandes empresas la posibilidad de ampliar la obligación de presentar las cuentas de resultados país por país a todas las actividades económicas (ya este año se aprobó para las actividades extractivas, forestales y bancarias); y por último, estableciendo la necesidad de tener acceso al beneficiario efectivo de las cuentas bancarias según la negociación de la directiva sobre el blanqueo de dinero. Precisamente porque estas primeras medidas de los distintos organismos internacionales tienen su origen más en la necesidad recaudatoria para reducir el déficit público que los distintos estados afrontan en esta coyuntura económica, que en el compromiso político en la lucha contra la pobreza, desde la sociedad civil tenemos que vigilar muy de cerca la evolución de las mismas y reclamar el avance hacia escenarios mucho más exigentes en la lucha por la Justicia Fiscal.