Desde su desaparición en 2014, la recuperación de este órgano participativo ha sido una de las principales demandas de la Red de ONGD de Madrid.
El proyecto presentado por la Comunidad de Madrid le da a la administración la mayoría de los cargos con derecho a voto, deja fuera a otros actores sociales, y no cumple con su función de seguimiento, según denuncian las ONGD.
MADRID. 21/02/2018. A principios del mes de febrero, la Consejería de Políticas Sociales y Familia ha sometido a un proceso de audiencia pública el “Proyecto de decreto del Consejo de Gobierno, por el que se crea el Consejo de Cooperación al Desarrollo de la Comunidad de Madrid”. La Red de ONGD de Madrid, que agrupa a un centenar de organizaciones de desarrollo con sede en la región, ha mostrado su malestar con el contenido de dicho proyecto.
Este espacio de participación para el seguimiento de la política pública de cooperación fue eliminado a finales del año 2014, en un contexto de recortes y desmantelamiento de esa política social tras la crisis económica. Ahora, la Comunidad acepta volver a crearlo tras una fuerte campaña de las ONGD madrileñas, que llevan reclamándolo desde su desaparición. Sin embargo, el borrador del texto que se ha dado a conocer, sin previo aviso a la Red de ONGD de Madrid, no ha gustado a esta organización. Denuncian que muchas de sus propuestas, trasladadas con anterioridad a la administración, no han sido consideradas. “Nos hubiera gustado ser partícipes de la elaboración de este proyecto antes de su publicación en el portal de transparencia. Ahora, esperamos que las alegaciones que hemos presentado sean tenidas en cuenta”.
“El proyecto de Consejo no recoge nuestra propuesta de un órgano más abierto y participativo en su composición. De las 16 personas con derecho a voto, 13 lo hacen en representación de la administración”, denuncian desde la Red. Critican además que se hayan quedado fuera actores implicados en la política de cooperación como los sindicatos, las empresas, la economía social, los partidos políticos, y las organizaciones sociales de DDHH, ecologistas o feministas. Tampoco se prevé un mecanismo para conservar el equilibrio de género en su composición.
Por otro lado, desde la Red advierten de que los acuerdos se tomarían por mayoría simple, lo que facilitaría que la administración tuviera el poder de decisión en todo momento. Además no se garantiza que este Consejo cumpla con sus funciones de seguimiento, no se respetan los plazos de convocatoria y preparación de las sesiones que necesitan este tipo de espacios participativos, ni sus procedimientos de transparencia, y sólo se quiere convocar una vez al año. “Nos encontramos en un momento de cambio de paradigma bajo el marco de la Agenda 2030, que exige la colaboración entre todos los actores. Solicitábamos un Consejo renovado con un funcionamiento más dinámico y transparente que permitiera a la sociedad participar junto a las instituciones en el diseño, seguimiento y evaluación de las políticas de cooperación. Pero nos hemos encontrado con todo lo contrario” concluyen desde la Red.