Desde la Red de ONGD de Madrid queremos ofrecer este material para entender un concepto que cada vez tiene más peso entre las organizaciones e instituciones del Desarrollo. En diciembre de 2017 ya organizamos una jornada en la que reflexionamos sobre la coherencia de políticas para el desarrollo (CPD) y su aplicación a nivel descentralizado en las administraciones madrileñas. Ahora, con la ayuda de Natalia Millán y Jose Medina lanzamos esta publicación para profundizar en su definición y proponer su incorporación a las políticas públicas regionales y municipales. Este material ha sido posible gracias al poyo del Ayuntamiento de Madrid.
N. Millán y J. Medina (enero de 2018)
Extracto
El trabajo por la coherencia de políticas para el desarrollo (en adelante CPD) podría conceptualizarse como la integración de la perspectiva de desarrollo sostenible en el diseño, implementación y evaluación de todas las políticas públicas de un país, lo que significa transversalizar el trabajo por el desarrollo en toda la acción gubernamental. De esta manera, la CPD pone el foco en el conjunto de políticas que afectan al desarrollo, como es el comercio, la inversión extranjera directa, la energía o las migraciones por nombrar algunos ejemplos. Desde esta posición, parece limitado e incoherente que un Gobierno, como es el caso de muchos Estados miembros de la UE, promueva políticas de cooperación para luchar contra la pobreza al tiempo que diseña políticas migratorias que vulneran los derechos humanas, impulsa marcos de asociaciones comerciales contrarios a la sostenibilidad ambiental, respalda la exportación de armamento a países en conflicto o guerras o apoya la internacionalización de empresas que no incorporan criterios de desarrollo en su acción internacional. Asimismo, los fenómenos de interdependencia mencionados han reconfigurado los procesos de desarrollo, convirtiendo la pobreza y la desigualdad en desafíos globales que afectan a todos los países en su conjunto. Desde esta perspectiva, la CPD también se convierte en un imperativo en la acción cooperativa entre Estados, lo que obliga a avanzar hacia soluciones coordinadas y coherentes, las cuales permitirían promover la construcción de un mundo más equitativo y estable para todo el sistema internacional.
El propósito de la CPD supone, en principio, un compromiso integral y global del Gobierno en la promoción del desarrollo, aunque no deja, sin embargo, de constituirse como un propósito extremadamente ambicioso y con importantes problemas de implementación7 (Alonso et al., 2010). Se trata, pues, de un concepto sugerente, puesto que el fin último del trabajo por la coherencia consiste en modificar progresivamente las políticas públicas para integrar de manera transversal la perspectiva de desarrollo humano.
Adicionalmente, en tanto las fronteras entre las dimensiones domésticas e internacionales son cada vez más difusas y porosas, y la agenda adquiere una dimensión “interméstica” la visión del desarrollo deberá transversalizar tanto las políticas domésticas como internacionales, asumiendo que todas ellas poseen importantes consecuencias en las posibilidades de progreso de otros países y personas. Es importante destacar que la acción de un Gobierno tiene que orientarse a la promoción del desarrollo sostenible y no hacia otro tipo de intereses gubernamentales. Es decir, la consistencia entre objetivos, valores, políticas e instrumentos puede estar condicionada por diversos intereses, entre los cuales el desarrollo sostenible no es considerado frecuentemente como una prioridad política. En este sentido, a pesar de que entre los responsables gubernamentales parece existir una conciencia clara de que es necesario avanzar hacia una mayor coherencia de políticas públicas, el verdadero desafío es determinar (y consensuar) cuál es el fin último que debe perseguir esta coherencia, que, a juicio de este Manual, es el desarrollo sostenible.
Además, si bien en un sistema democrático coexisten por definición intereses contradictorios y legítimos, el trabajo por el desarrollo sostenible deberá ser tenido en cuenta en todo el ciclo de acción política. En este sentido, los países representan delicadas y complejas combinaciones de intereses, grupos, estándares y normas. Alcanzar un grado absoluto de coherencia puede convertirse, por tanto, en un objetivo incompatible y poco deseable para un sistema plural, abierto y participativo9. No obstante, el trabajo por la CPD consiste en que la perspectiva de desarrollo sostenible debe estar presente en los procesos de toma de decisiones, aun cuando este enfoque no sea la única o la principal prioridad de una política en particular.
En definitiva, si un Gobierno posee un compromiso político real con el desarrollo sostenible, es necesario que trascienda desde la mirada que se enfocaba tradicionalmente en la política de cooperación para asumir un compromiso integral y transversal con el desarrollo sostenible en todos los ámbitos de la política pública
Financia:
