El miércoles pasado, 22 de abril, se celebró el debate sobre políticas públicas de cooperación para el desarrollo madrileñas, organizado por la Mesa Madrileña de Cooperación, de la que la FONGDCAM es impulsora y miembro, que reunió a los principales partidos políticos que concurren a las elecciones autonómicas y municipales el próximo 24 de mayo, que fue moderada por el representante de la CRUMA (Conferencia de Rectores de las Universidades Públicas Madrileñas). Candidatos y candidatas del PSOE, IU, UPyD, Ciudadanos, Podemos y Ahora Madrid expresaron su compromiso de “recuperar las políticas públicas de cooperación para el desarrollo cuando lleguen a las instituciones madrileñas”. Tan solo el Partido Popular declinó la invitación de acudir al debate por “compromisos ya adquiridos en esa fecha”. Los representantes políticos contestaron también a las preguntas realizadas por las cinco organizaciones invitadas en la fila cero, Cruz Roja, Médicos del Mundo, ATTAC, Intermon Oxfam, Paz con Dignidad.
Cada uno de los grupos políticos expresaron su apoyo a la cooperación descentralizada, llevada a cabo por las administraciones locales, si bien, los representantes de UPyD y Ciudadanos matizaron que ésta debía contar con la coordinación de la administración estatal. La participación de la sociedad civil en las políticas de cooperación para el desarrollo, a través de la recuperación del Consejo de Cooperación, fue otro de los puntos en el que los representantes de los partidos políticos coincidieron.
UPyD y Ciudadanos mencionaron la necesidad de contar con la participación del sector privado en la cooperación para el desarrollo como un agente más, además de la participación de la sociedad civil.
A la participación de la sociedad civil también se refirió el PSOE, que expresó su voluntad de poner en marcha el Consejo de Cooperación de la Comunidad de Madrid, recuperar los Planes Directores y Anuales de cooperación, establecer África como prioridad geográfica, impulsar la educación para el educación para el desarrollo y acercarse al compromiso de dedicar el 0,7% de los presupuestos generales a cooperación al desarrollo.
Podemos formuló como “los principios básicos” de “la nueva política de cooperación” la transparencia, la participación, la sostenibilidad y la coherencia. Se mostró también partidario de apoyar el tejido social impulsando acciones de educación para el desarrollo y contando con el sector de la economía social. Su compromiso económico fue el de alcanzar el 0,4% del presupuesto para cooperación al final de la legislatura.
En esta misma línea se manifestó Ciudadanos que resaltó la importancia de hacer cumplir la Ley de Cooperación de la Comunidad de Madrid y poner en marcha de nuevo los Planes Directores y Anuales que marca esta Ley.
El 0,7% fue el compromiso de IU, que se traduciría en 30 millones de euros para dedicar a cooperación para el desarrollo en el Ayuntamiento de Madrid. IU también propone revisar los acuerdos de colaboración con aquellos países que no cumplen con los derechos humanos.
Ahora Madrid señaló los cuatro ejes que marcarían su política de cooperación para el desarrollo: mantener la cooperación descentralizada que incorpore los ejes transversales de género, sostenibilidad e interculturalidad y que tienda al objetivo de dedicar el 0,7% de los presupuestos para cooperación, con el compromiso de alcanzar el 0,5% al final de la legislatura; defender la coherencia de políticas estableciendo mecanismos de compra pública con empresas que respeten los derechos humanos y la sostenibilidad medioambiental y favoreciendo la compra de productos de comercio justo; impulsar programas de educación para el desarrollo poniendo los recursos que tiene el Ayuntamiento a este fin; y apoyar la participación ciudadana en las políticas de cooperación, reformando el funcionamiento de los consejos de cooperación.
A la pregunta de Intermon Oxfam sobre la posibilidad de firmar un acuerdo de mínimos en defensa de la cooperación para el desarrollo madrileña, todos se mostraron, en principio, dispuestos a negociar este acuerdo, aunque Podemos resaltó la necesidad de que para que fuera eficaz este acuerdo debía ser suscrito por todos y cada uno de los partidos políticos.
Todos los partidos, así mismo, se comprometieron a la derogación o revisión de la Ley de Régimen Local y los pactos de estabilidad que ponen trabas a los ayuntamientos para la puesta en marcha de diversas actuaciones en el área de los Servicios Sociales, entre ellas las referidas a las políticas de cooperación para el desarrollo, aunque Podemos puntualizó que habría que vigilar la política de gastos de las administraciones públicas para que no se incurriera en el malgasto y despilfarro realizado durante estos últimos años.
El TTPI (Tratado Transatlántico para el Comercio y la Inversión) también suscitó el rechazo de los representantes de los partidos políticos, si bien, UPyD y Ciudadanos, pidieron no demonizar la entrada de las empresas privadas en las políticas de cooperación para el desarrollo.
La Ley de Subvenciones y la excesiva burocratización que ésta exige a las ONGD generaron también un extenso debate. En relación a este tema los partidos políticos presentes se comprometieron a hacer una revisión de la misma, con el fin de flexibilizar las normativa existente sin descuidar con ello la necesaria transparencia en el seguimiento y evaluación de cada uno de los proyectos y programas subvencionados. Por último, se discutió la necesidad de hacer de la cooperación para el desarrollo una política estable independiente de los vaivenes políticos y económicos.