De cara a la aprobación de los presupuestos generales de 2024 varias coordinadoras de ONGD denuncian estos días los recortes en cooperación de sus administraciones autonómicas y locales.
Las consecuencias de las guerras y el desastre climático están causando importantes daños en la vida de millones de personas. Países que ya enfrentaban graves problemas económicos, medioambientales, sanitarios o educativos están viendo empeorar sus entornos. Es especialmente preocupante la situación de las mujeres, las niñas y los niños. Según ACNUR, al menos 108,4 millones de personas en todo el mundo se han visto obligadas a huir de sus hogares por diferentes motivos. Entre ellas hay 35,3 millones de personas refugiadas, de las cuales alrededor del 41 % menores de 18 años. En este contexto, la cooperación internacional es una política fundamental para apoyar a la sociedad civil, promover la garantía de los derechos humanos y sostener condiciones básicas de vida, así como, la defensa del planeta.
Recientemente se han presentado y están en proceso de aprobación los presupuestos generales de la mayoría de las comunidades autonómicas y municipios y comprobamos que la cooperación internacional sigue sin ser una prioridad para la gran mayoría de las administraciones.
Las coordinadoras de ONGD autonómicas, reacias a asumir la situación, han denunciado los recortes en las políticas públicas de cooperación internacional. Entre ellas la Coordinadora Andaluza de ONGD (CAONGD), la Coordinadora Extremeña de ONGD (CONGDEX), la Federación Aragonesa de Solidaridad (FAS) o la Red de ONGD de Madrid.
Por justicia social las ONGD seguiremos demandando un firme compromiso y solidaridad de nuestros gobiernos autonómicos y locales con las políticas públicas de cooperación internacional con la que desafiar estas crisis de forma global y poder hacer un ejercicio de empatía, responsabilidad, inteligencia y solidaridad hacia todas las personas, especialmente las más empobrecidas, poniéndoles a ellas y al planeta en el centro.
Es urgente que nuestras administraciones públicas desarrollen una política de cooperación alineada con los ODS de la Agenda 2030, estable y dotada de recursos económicos y técnicos suficientes. Es decir, una cooperación basada más en garantizar derechos que en atender necesidades, más en al compromiso integral de todos los países en alcanzar un desarrollo sostenible, que en la ayuda de unos países a otros para alcanzar un desarrollo medido solo en términos económicos.